Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado la nueva Directiva (UE) 2023/1791 relativa a la eficiencia energética, refundida, adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo a principios de este año. La nueva directiva, que entrará en vigor en 20 días tras su publicación el 20 de septiembre, introduce una serie de medidas para ayudar a acelerar la eficiencia energética, incluida la obligación anual de renovación de edificios del 3% a todos los niveles de la administración pública.

Una vez que entre en vigor, los Estados miembros de la UE dispondrán de dos años para transponer la mayoría de los diferentes elementos de la Directiva al Derecho nacional.

 

El 3% de los edificios públicos deberán renovarse anualmente

 

La nueva directiva incluye cambios respecto a las directivas anteriores en 2018/2002 y 2012/27/UE. En primer lugar, extiende todos los niveles de la Administración pública.

Asimismo, promoverá planes locales de calefacción y refrigeración en municipios más grandes y aumentará progresivamente el consumo eficiente de energía en suministro de calor o frío, también en calefacción urbana.

 

Reducir el consumo final de energía en un 11,7% para 2030

 

La directiva establece un objetivo jurídicamente vinculante de la Unión Europea para reducir el consumo final de energía en un 11,7% para 2030 (en relación con el escenario de referencia de 2020). Esto incluye, para cada Estado miembro, el requisito de fijar su contribución nacional indicativa sobre la base de criterios objetivos que reflejen las circunstancias nacionales. Si las contribuciones nacionales no se ajustan al objetivo de la UE, la Comisión Europea aplica un mecanismo de desfase de ambición.

Por otro lado, aumentará el ahorro anual de energía del 0,8% (actualmente) al 1,3% (2024-2025), luego al 1,5% (2026-2027) y al 1,9% a partir de 2028. Eso es un promedio de 1,49% de los nuevos ahorros anuales para el período 2024-2030. Además, obligará a los Estados miembros a dar prioridad a los clientes vulnerables y a las viviendas sociales en el ámbito de sus medidas de ahorro energético.

Asimismo, introduce un objetivo anual de reducción del consumo de energía del 1,9% para el sector público en su conjunto e introduce un enfoque diferente, basado en el consumo de energía, para que las empresas tengan un sistema de gestión energética o realicen auditorías energéticas.