La Ley se aplica a todas las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, organismos autónomos empresas públicas, órganos de gestión sin personalidad jurídica, fundaciones públicas, consorcios, entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y demás entes que se integren en el sector público de la Comunidad de Madrid, asociaciones constituidas por la Administración pública de la Comunidad de Madrid, empresas públicas y universidades públicas y a los organismos o entidades vinculadas o dependientes de ellas. También se aplica a los Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, como entidades de derecho público con personalidad jurídica propia de la Comunidad de Madrid, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo (art. 2.1.c).