Tribuna de opinión de José Antonio Galdón Ruiz, presidente de COGITI, y decano del COGITIM publicada el 12/04/2022, en el diario «El Economista». Pinche aquí para leer el artículo.

 

Las medidas provisionales anunciadas por el Gobierno para conseguir rebajar el precio de la electricidad, y pese a que las considero necesarias, son sencillamente eso, modificaciones puntuales que no solucionan el problema de fondo y nos hacen desviarnos de las soluciones reales que necesita nuestro sistema eléctrico, y el conjunto de nuestro modelo energético.

 

El sistema eléctrico, en sí, es tremendamente complejo, de hecho, parece estar concebido para que nadie lo entienda, ni siquiera quien debe aplicarlo, y esto lo hemos podido vivir recientemente con las reformas y anuncios que realizaba el Gobierno a finales del año pasado, y que tras analizar el entresijo de la normativa existente sobre la materia, tuvo que dar marcha atrás en varias ocasiones. Y esto es una tónica generalizada, cada gobierno que entra, o cada problema que surge, impulsa cambios e introduce modificaciones, algunas veces inconexas en la maraña normativa que afecta al mercado eléctrico, por lo que nadie debería sentirse mal si no logra entenderlo.

 

Por si fuese poco complejo, además hay que considerar las directrices europeas entre las que se encuentra el funcionamiento del mercado mayorista eléctrico, que nos viene a imponer un modelo marginalista, y que es en la actualidad el responsable indirecto de los desorbitados precios de la electricidad. Y digo indirecto, porque éste, además, depende del mix de generación eléctrica, de los impuestos o gravámenes que se cargan a consumidores y productores, de la dependencia energética y de otras políticas que son exclusivas de nuestro país. Y en todo ello, es donde se manifiestan las grandes diferencias energéticas entre los países de la UE que caminamos hacia el mercado único de la electricidad, y donde España, además, tiene un handicap adicional, que es la capacidad de interconexión con el resto de Europa.

 

Este último, ha sido el argumento utilizado por España, nuestra condición de casi isla energética, para maquillar el pool español y portugués, fijando un precio máximo de 30?/Mwh para el gas utilizado en los ciclos combinados, y de esta forma, conseguir mantener unos precios cercanos a los 110?/Mwh, lo cual, ya de por sí, significa más del doble que los precios medios de 2019 y 2020.

 

No obstante, y aunque esta diferencia de precio entre los 30?/Mwh y el precio real del gas será asumida en el sistema eléctrico y repercutida, por tanto, a todos los consumidores en la parte regulada de la factura, su importe será mucho menor que el que resultaría con la situación actual, dado que la producción de energía eléctrica a través de los ciclos combinados de gas, suele estar, en función de las determinadas franjas horarias, entre el 10 y el 20%, eliminando, por tanto, esos windfall profits, o beneficios caídos del cielo, que para nosotros se transforman en «plounder our pocket», o saqueo a nuestros bolsillos.

 

Se trata, pues, de una medida puntual, que si la acepta Europa tendrá efectos beneficiosos para los consumidores de aquí hasta final de año, lo cual, y pese a ser positivo, no es suficiente, porque lo que necesitamos es un plan, una estrategia, un modelo que nos blinde ante la volatilidad de los mercados energéticos y nos proporcione estabilidad de precios que incite a la inversión.

 

Es, por tanto, el momento de sentar las bases de un nuevo modelo de pool eléctrico, dado que el actual ha perdido las esencias por las que fue concebido, como aportar competitividad al mercado eléctrico y auspiciar el fomento de las energías renovables mediante retribuciones atractivas y razonables.

 

El modelo de pool del mercado eléctrico debe ser competitivo, faltaría más, pero también homogéneo y, sobre todo, flexible para asumir, abordar y corregir situaciones, que mientras tengamos esta enorme dependencia energética del exterior (73%), no dependerán de nosotros, y nos pueden afectar de forma perversa, como estamos viendo. Y no me refiero solo a la situación de guerra que estamos viviendo, que puede ser y así deseamos, que sea puntual y no se vuelva a repetir, y sí a las situaciones más habituales de especulación e intereses al que nos tienen tan acostumbrados los países exportadores de petróleo y gas, que desgraciadamente tienen el poder de sacudir las economías a su antojo y conveniencia.

 

Y la primera medida sería la que ya se ha propuesto en España, pero que fuese definitiva y aplicable a cualquier tecnología de producción eléctrica, y además, que dicho tope estuviese en relación de la media comparada de los últimos 12 meses, o mediante un diferencial con el resto de tecnologías productivas, pero que en cualquier caso se aplicase de forma automática. De esta forma, nos protegeríamos no solo de la volatilidad de los precios de los combustibles, sino de las posibles especulaciones o situaciones imprevistas que pudiesen ocurrir.

 

Pero esto, es una medida menor, porque en realidad lo que hay que hacer es optimizar nuestro sistema eléctrico y reducir la dependencia energética del mismo, promoviendo con cabeza y planificación, el desarrollo del parque renovable, y dotándolo de herramientas para una óptima gestión de la demanda.

 

Para ello, resulta imprescindible, desde ya, autorizar las ampliaciones del ciclo de vida de las centrales nucleares, con las inversiones que sean necesarias, porque queramos o no siguen siendo decisivas dentro de nuestro mix eléctrico, y serán imprescindibles para la transición definitiva a la generación renovable.

 

Se debe utilizar el algoritmo EUPHEMIA de Red Eléctrica de España (operador del sistema), que predice casi con total exactitud la demanda, pero que también cuenta con los datos de la oferta energética de todas las centrales, para planificar el parque renovable en cuanto a ubicación y tecnología más adecuada. Son datos valiosísimos que deberían formar parte de las subastas que se promueven desde el Ministerio, y que sin duda optimizarían la producción y la distribución. Teniendo en cuenta que deberíamos propiciar la implantación de como mínimo el 50% más de la potencia renovable instalada actualmente para el año 2030, con el fin de ir asumiendo los nuevos consumos eléctricos (calefacciones, coches eléctricos, etc.), esta planificación, hay que hacerlo con sentido y estrategia, sentando las bases para crear un parque renovable que pueda satisfacer al máximo la demanda, y minimizar el efecto de la imposibilidad de gestión de las energías renovables.

 

Por último, y no por ello menos importante, se debería actuar en la gestión de la demanda, para lo que sería imprescindible establecer horarios de consumo preferente que se adecuen a la oferta de producción renovable, mediante descuentos u otras fórmulas, que consigan ir desplazando paulatinamente el uso de las centrales térmicas no renovables, que en la actualidad se utilizan para cubrir los picos de demanda o para suplir la oferta en determinadas horas del día. Para ello, será imprescindible la colaboración de todos, y una concienciación amparada en beneficios medioambientales y económicos, que nos inciten a adoptar las medidas necesarias.

 

En definitiva, necesitamos un plan para el sector eléctrico, que nos genere certidumbre y estabilidad, que recupere la confianza en el futuro y siente las bases del desarrollo sostenible que anhelamos. Porque nada es fácil y siempre hay complicaciones, pero cuando se tiene un plan, hay futuro.

 
Fuente: COGITI