El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que mantiene temporalmente parte de las medidas adoptadas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.

 

El texto da continuidad a determinadas medidas del Real Decreto-ley 7/2026 mientras se estabilizan los mercados energéticos y se reducen los riesgos derivados de la situación geopolítica. Aunque incorpora ayudas fiscales y económicas para distintos sectores, también contiene actuaciones relevantes para el desarrollo de las energías renovables, la electrificación de la demanda, las redes eléctricas, el almacenamiento energético y la movilidad sostenible.

 

 

Uno de los principales objetivos de la norma es reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante la progresiva electrificación de los consumos energéticos. Esta orientación puede generar nuevas actuaciones relacionadas con:

 

• Instalaciones de autoconsumo y generación renovable.

• Electrificación de procesos industriales y sistemas térmicos.

• Ampliación y adaptación de instalaciones eléctricas.

• Sistemas de almacenamiento mediante baterías.

• Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

• Centros de transformación, líneas eléctricas y redes de distribución.

 

El Real Decreto-ley introduce medidas específicas para acelerar la instalación de puntos de recarga en determinadas estaciones de servicio. Estas actuaciones pueden requerir estudios de potencia, proyectos de baja y alta tensión, centros de transformación, protecciones, sistemas de medida y control, legalización de instalaciones y coordinación con las compañías distribuidoras.

 

También se refuerzan las obligaciones aplicables a las infraestructuras de evacuación compartidas por instalaciones de producción eléctrica. Sus titulares deberán garantizar una adecuada operación y mantenimiento, así como facilitar a los gestores de las redes la información necesaria para preservar la seguridad y fiabilidad del sistema.

 

Asimismo, se contemplan medidas dirigidas a la repotenciación de las redes de transporte y distribución y al desarrollo de sistemas de almacenamiento energético mediante baterías, especialmente para facilitar la integración de las energías renovables y mejorar la estabilidad de los sistemas eléctricos.

 

 

Las empresas obligadas a disponer de un plan de movilidad sostenible que reciban determinadas ayudas deberán reintegrarlas si incumplen dicha obligación.

 

Estos planes pueden incorporar medidas como la electrificación de flotas, la instalación de puntos de recarga, la gestión energética de aparcamientos, la reducción de desplazamientos contaminantes o la implantación de sistemas de movilidad compartida.

 

 

Las medidas previstas tienen una incidencia directa en ámbitos habituales de actuación de los ingenieros técnicos industriales, que pueden intervenir en la redacción y dirección de proyectos, el diseño y dimensionamiento de instalaciones, la legalización, el mantenimiento, la inspección y la mejora de la eficiencia energética.

 

Especialmente relevantes son las actuaciones relacionadas con:

 

• Instalaciones eléctricas de baja y alta tensión.

• Autoconsumo y energías renovables.

• Sistemas de almacenamiento energético.

• Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

• Redes de distribución e instalaciones de evacuación.

• Electrificación y eficiencia energética de industrias y edificios.

• Planes de movilidad sostenible.

 

Junto con estas medidas, la norma mantiene temporalmente reducciones fiscales sobre los carburantes y ayudas destinadas al transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca, con una retirada escalonada hasta el 30 de septiembre de 2026.